Ayuso se niega a crear registro de objetores de aborto
La Comunidad de Madrid rechaza crear el registro de objetores de conciencia del aborto
La Comunidad de Madrid ha anunciado que no creará el registro de objetores de conciencia del aborto, dejando la decisión en manos de los tribunales. Este anuncio contrasta con las acciones de otras comunidades autónomas como Aragón y Baleares, gobernadas por el Partido Popular (PP), que sí han establecido dicho registro según fuentes del Ministerio de Sanidad. Solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niega a cumplir con lo establecido por la ley.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que dará tiempo hasta medianoche para que Ayuso cambie de opinión, afirmando: “Aún están a tiempo”. García ha programado una rueda de prensa para el sábado donde abordará este tema en detalle.
Hoy se cumplió el plazo de un mes que el ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez había otorgado a las tres comunidades autónomas. En su declaración, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, afirmó: “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”. Además, añadió: “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”.
Esta decisión no fue sorpresiva, ya que la Comunidad de Madrid había avisado previamente de que sus servicios jurídicos estaban evaluando el asunto. El portavoz del gobierno regional había señalado en octubre que ese registro “no vale para absolutamente nada”, una afirmación que Matute confirmó este viernes. Sin embargo, los argumentos utilizados por la consejera no coinciden con el funcionamiento del banco de datos. Según el gobierno central, el registro sirve para garantizar el derecho de las mujeres a abortar, tal como lo establece la ley.
Un tema polémico desde octubre
El tema generó una gran controversia desde octubre, cuando Ayuso pronunció una frase que sorprendió a todos: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Esta frase evocó recuerdos de tiempos anteriores, cuando el aborto era ilegal en España y las mujeres tenían que realizarlo de forma clandestina en Londres, donde estaba permitido desde 1967. Durante la dictadura, los viajes a Inglaterra aumentaron significativamente, y continuaron incluso en la democracia hasta mediados de los años 80. Finalmente, en 1985 se legalizó el aborto en España bajo tres supuestos: violación, malformaciones del feto y riesgo psicológico o físico para la madre. Aunque se permitió hasta la semana 14 en 2010, fue necesario esperar hasta 2018 para que se extendiera hasta la semana 22 en casos de problemas de salud.
Con esta frase tan abrupta, la presidenta de Madrid desautorizaba a su consejera de Sanidad, quien inicialmente había dicho que cumpliría con la ley. Ahora queda claro que no será así. La oposición en Madrid, compuesta por el PSOE y Más Madrid, ha insistido en la necesidad de crear este registro. Sin embargo, Ayuso ha sido tajante en su negativa: “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca”.
El propósito del registro
El espíritu del registro, obligatorio tras la reforma de la ley del aborto de 2023, no es el que propone la presidenta. Con estos registros se organiza la gestión de este derecho. Su finalidad es evitar la discriminación contra los objetores o los no objetores, y también asegurar que los segundos no se dediquen exclusivamente a esto. Estos datos no se computan a nivel nacional, sino que deben hacerlo las autonomías. Madrid no lo va a hacer. Sin embargo, Aragón y Baleares, que inicialmente se negaron, dijeron en el último mes que van a ponerlo en marcha tras el requerimiento del Gobierno.
Reacciones políticas
La decisión ha escandalizado al PSOE. Fuentes de la dirección aseguran que Ayuso es “insumisa con los derechos de las mujeres” y que debe “cumplir con la ley”. Los socialistas lo ven como una nueva desautorización de la presidenta al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición a Pedro Sánchez. Feijóo intentó sin éxito unificar el discurso de su partido alrededor de este tema, lo que el PSOE interpreta como una debilidad. Su idea, en caso de llegar a presidente del Gobierno, es incluir una nueva enmienda a la ley, en este caso para que el registro sea solo de quienes no se niegan a practicar abortos. Pero el líder del PP siempre se ha mostrado dispuesto a cumplir con la ley, algo que Ayuso ahora se ha saltado. La presidenta de Madrid va por libre.
