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Caja de Profesionales: crítica a subas en aportes que agravaron la crisis

La asociación El Orden Profesional alerta sobre la gravedad del decreto

La asociación civil El Orden Profesional ha emitido una alerta sobre la gravedad del decreto firmado por el Poder Ejecutivo, que prevé importantes aumentos para los profesionales activos y profundiza la crisis de la Caja de Profesionales. Este documento, rubricado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y los titulares (algunos interinos) de los 14 ministerios, establece que la tasa de aportación para profesionales activos sea del 20,5% del sueldo ficto que corresponda, más los gravámenes que por disposición legal sean de aplicación, a partir de 2026.

Además, se fijaron dos subas adicionales: en 2027, cuando pasará a ser del 21,5%, y en 2028, con un aumento al 22,5%. Según los cálculos realizados por esta organización, que agrupa a profesionales universitarios y defiende los intereses de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), esto implica un aumento de 12% en términos reales a partir del año próximo, y del 6% para cada año siguiente.

Críticas al impacto económico

El presidente de esta organización, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti, criticó que esta decisión “supone un golpe directo al bolsillo de miles de profesionales en un contexto sin margen para nuevas cargas”, lo que constituye “un absoluto disparate”, según un comunicado difundido. Para la asociación, este aumento no solo afecta la economía de los profesionales, sino que también pone en riesgo la estabilidad de la Caja de Profesionales.

Reestructuración de la Comisión de Expertos en Seguridad Social

No es el único aspecto cuestionado por la asociación. El decreto también redefine la integración de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, encargada de la reforma de la Cjppu. Según El Orden Profesional, el decreto le otorga al Ejecutivo “la mayoría automática” y un mecanismo de decisión que, en caso de desacuerdo, permite al presidente del órgano —el Director Nacional de Seguridad Social— ejercer doble voto.

Para la asociación, esto configura una comisión “sin posibilidad real de diálogo, donde el gobierno asegura el control de las decisiones y deja a los profesionales con una participación apenas nominal”. “Con este diseño, los aportantes pagan, pero no deciden. La autonomía de la Caja, que ya viene siendo muy atacada, queda aún más debilitada”, advirtió el grupo.

Impacto en la autonomía de la Caja

La crítica principal de la asociación está dirigida a cómo el decreto afecta la autonomía de la Caja de Profesionales. Según El Orden Profesional, la nueva estructura de la Comisión de Expertos en Seguridad Social limita la capacidad de los profesionales para participar en la toma de decisiones, lo que podría llevar a una situación en la que las políticas de jubilación y pensiones no reflejen adecuadamente las necesidades de quienes las pagan.

Este escenario, sumado al aumento de las tasas de aportación, genera preocupación entre los profesionales universitarios, quienes temen que sus derechos y beneficios se vean comprometidos. La asociación argumenta que la Caja de Profesionales debe mantener su independencia para poder gestionar eficientemente los recursos y garantizar el bienestar de sus afiliados.

Posibles consecuencias para los profesionales

El aumento de las tasas de aportación representa un costo adicional para los profesionales activos, quienes ya enfrentan presiones económicas. Según la asociación, este nuevo gasto puede afectar su calidad de vida y su capacidad para invertir en formación, investigación o desarrollo profesional. Además, el diseño de la Comisión de Expertos en Seguridad Social sugiere que las decisiones sobre la gestión de la Caja estarán en manos del Ejecutivo, lo que reduce la transparencia y la participación ciudadana.

En resumen, el decreto tiene implicaciones significativas tanto en el ámbito económico como institucional. La asociación El Orden Profesional exige una revisión urgente de las medidas propuestas, para garantizar que los intereses de los profesionales universitarios no se vean afectados de manera injusta. La lucha por la autonomía de la Caja de Profesionales continúa, y el futuro de su funcionamiento dependerá de cómo se maneje este proceso de reforma.