Policía acusado por agilizar trámites de armas con sobornos
Caso de cohecho en la oficina de armas de Salto
Un policía de Salto fue formalizado por el delito de cohecho, en un nuevo episodio de irregularidades dentro de la oficina encargada de los trámites de habilitación y tenencia de armas. Según la investigación, el funcionario solicitaba dinero a personas que realizaban gestiones vinculadas a la habilitación para la adquisición y tenencia de armas de fuego (THATA), ofreciéndoles agilizar o destrabar trámites que no correspondían.
Este caso se suma a otro episodio grave ocurrido en la misma oficina. Meses atrás, dos policías habían sido condenados por falsificar documentos y estafar a ciudadanos que necesitaban la habilitación de porte de armas. Tras esa investigación y las condenas, la Jefatura de Policía había decidido cambiar al personal del área. Sin embargo, las irregularidades continuaron, lo que llevó a que la propia jefatura reabriera una nueva investigación interna que terminó con la formalización del reciente funcionario.
Mecanismos ilícitos detectados
La maniobra detectada ahora implicaba el cobro indebido de dinero a cambio de trámites que no cumplían con la normativa. Por este motivo, el Juzgado Penal de Segundo Turno formalizó al funcionario como autor del delito de cohecho y le impuso medidas cautelares: fijación de domicilio y prohibición de salir del país por 120 días.
La investigación previa, liderada por el fiscal Augusto Martinicorena, había revelado un mecanismo ilícito que operaba desde hacía al menos dos años. En ese proceso se tomaron más de 100 declaraciones, se realizaron pericias y se incautaron teléfonos, computadoras y discos duros de la Jefatura.
Antecedentes de corrupción en la oficina
En aquel episodio anterior, una funcionaria policial usurpaba el título de psicóloga para aprobar evaluaciones psicológicas a cambio de dinero, permitiendo la entrega de habilitaciones a personas que no habrían superado el examen. Contaba con la colaboración de otro policía, que completaba los certificados de tenencia y porte sin los controles obligatorios.
Ambos fueron condenados: la mujer recibió una pena de 24 meses de prisión efectiva y fue ingresada a la Unidad 20 del INR, mientras que el otro funcionario fue sentenciado a 24 meses bajo libertad a prueba, por su rol como cómplice.
Consecuencias y medidas tomadas
El caso ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a una revisión de los procesos internos de la Jefatura de Policía. Las autoridades han anunciado que seguirán investigando para garantizar la transparencia y la legalidad en todos los trámites relacionados con armas de fuego.
Además, se está evaluando la posibilidad de implementar nuevas medidas de control y auditorías periódicas para evitar futuros casos de corrupción. La sociedad espera que estas acciones contribuyan a restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Reacciones y expectativas
Los ciudadanos han manifestado su descontento ante estos hechos, exigiendo mayor responsabilidad y transparencia en la gestión de los trámites. Muchos han pedido que se tomen medidas más estrictas contra quienes cometan actos de corrupción, así como que se fortalezcan los sistemas de supervisión interna.
Las autoridades han asegurado que están comprometidas con la lucha contra la corrupción y que no permitirán que actos como estos afecten la integridad de las instituciones. Se espera que este caso sirva como un recordatorio de la importancia de mantener altos estándares éticos en el servicio público.
Conclusiones
Este caso resalta la necesidad de una vigilancia constante y la implementación de políticas claras para prevenir la corrupción en instituciones clave. La colaboración entre las autoridades, la sociedad civil y los medios de comunicación es fundamental para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y que los servidores públicos cumplan con sus deberes de manera honesta y transparente.
